El Consejo General del Poder Judicial ha incoado diligencias informativas contra tres magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, previas a abrirles expediente disciplinario, en base a una denuncia presentada por cuatro personas a las que les han quitado la incapacidad permanente.
Asimismo, un grupo de afectados ha interpuesto una querella penal contra ellos ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación, que se halla a la espera de que se le dé traslado al Ministerio Fiscal.
Su abogado, Luis Prieto, afirma que esta situación está perjudicando a cientos de familias en la Región de Murcia. Los tres jueces querellados “desde el año 2012 han revocado todas las sentencias estimatorias de Seguridad Social en las que ha sido parte este letrado, y, por lo que me dicen los compañeros, a ellos también les ocurre lo mismo”, se lee en su escrito. “Alguno me decía: ´creía que me tenían manía a mí, pero me alegra saber que es a todos´”.
“Estamos ante unos magistrados que de manera conjunta han llegado al acuerdo, expreso o tácito, de dictar sentencias con la única intención de que no se concedan incapacidades permanentes a los trabajadores de la Región de Murcia”, se afirma en la querella ante el Supremo. Según el abogado Luis Prieto, autor de la misma, “desde hace unos años estos magistrados de manera sistemática revocan todas las sentencias de incapacidad permanente favorables a los trabajdores que conceden los Juzgados de lo Social de Murcia, infringiendo la Ley (art.97 de la LJS Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Ley que conocen y aplican a rajatabla cuando se trata de confirmar sentencias desestimatorias de incapacidades laborales, pero no cuando se trata de revocar sentencias favorables, en cuyo caso usurpan presuntamente las atribuciones que la legislación atribuye al juez de lo Social, que es el único competente para valorar la prueba. Si el juez de lo Social determina que yo tengo movilidad limitada, ellos no pueden decir que no la tengo, porque les está vedado legalmente. Es decir, modifican la valoración del juez de la instancia inferior, cambiando, suprimiendo y agregando hechos probados, sin que la parte recurrente lo solicite en su recurso”.
El abogado asegura que “todo ello ha provocado que ciudadanos de la Región de Murcia, por consejo de sus letrados, antes de pedir una incapacidad permanente, se cambien el domicilio a casa de un familiar de otra Comunidad Autónoma porque ya saben de antemano que se la van a denegar.
Cientos de familias se han quedado sin recurso alguno de subsistencia, ya que no están capacitados para trabajar por sus enfermedades, y se les deniega la pensión para la que han estado cotizando toda su vida”. Luis Prieto afirma que puede aportar “el nombre de personas que por este motivo están viviendo en cajeros automáticos, por estar impedidos para trabajar, y habérseles denegado la incapacidad permanente, después de haber estado decenas de años cotizando”.
Entre las muchas incapacidades que han revocado estos magistrados se encuentra la de una cocinera que sufría “trastorno de personalidad, abuso de alcohol en remisión temprana y episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos”, entre otras patologías. Uno de los magistrados denunciados consideró en su fallo que “no se acredita, por el momento, que las mismas le impidan el desempeño de cualquier actividad laboral”.
También está la de un camionero que, tras un accidente en el que sufrió quemaduras de segundo grado en la cara, el cuello y la rodilla, se le diagnosticó “trastorno neurótico-depresivo”. La Seguridad Social lo declaró en situación de incapacidad permanente total, y un año después, tras una revisión, se la revocó “por mejoría”. El magistrado dictaminó que “el trastorno ansioso depresivo no es determinante de incapacidad permanente por sí solo, ya que los fármacos que toma el afectado (Diazepan, Noctamid, Seroquel, Fluoxitina y Trankimacin), no está probado que le impidan conducir”.
(Extracto. Adaptación libre)
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