¿40 años de paz o de represión? Los mitos del franquismo que aún perduran

Aunque han pasado ya más de 80 años desde el final de la Guerra Civil española, todavía se sigue falsificando la historia para justificar el golpe de estado contra el gobierno republicano salido de las urnas.

Primera patraña: la sublevación militar del 18 de julio de 1936 no se debió al asesinato, el 13 de julio, del diputado Calvo Sotelo, uno de los principales dirigentes de la oposición, como se repite sin cesar.

Resulta evidente que, en 5 días, no se improvisa un golpe de estado, y prueba de ello, es que, se pensó atentar contra el presidente Azaña como represalia, idea que fue abortada por los militares de la capital metidos en la conspiración: “prohibido terminantemente. Todo está preparado en Madrid y eso podría echarlo a perder”, advirtió el coronel Ortiz de Zárate a Eusebio Vegas Latapié, cabecilla del proyecto.

En ese ambiente, muy polarizado políticamente, el día anterior, 12 de julio de 1936, José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, y militante socialista, había sido abatido a tiros, no se sabe si por pistoleros falangistas o carlistas, y una de las camionetas de policía enviadas a capturarlos, detuvo la madrugada siguiente a Calvo Sotelo en su domicilio, y cuando lo conducía a la Direccion General de Seguridad, Luis Cuenca Estevas, militante socialista, y guardaespaldas de Indalecio Prieto, le descerrajó dos tiros.

Pero mucho antes de que se convocasen en España las elecciones generales de febrero de 1936, Calvo Sotelo comprendiendo que era muy probable que la derecha las perdiera, como luego sucedió, mantuvo una entrevista con Franco para reclamarle que los militares se sublevasen, a lo que éste le respondió: «yo creo que el Ejército debe soportar lo que salga de las urnas”.

Sin embargo la trama golpista ya estaba en marcha y siguió adelante. El diputado Pedro Sainz Rodríguez del partido monárquico Renovación Española, liderado por Calvo Sotelo, compró en Roma, el 1 de julio de 1936 (17 días antes del golpe), 40 aviones, miles de bombas, ametralladoras, proyectiles y gasolina por valor de 39 millones de liras, equivalentes a 339 millones de euros de ahora, con fondos aportados por el banquero Juan March. Armas que debían ser entregadas ese mismo mes.

Los primeros contactos de los conspiradores monárquicos con la Italia fascista de Mussolini habían comenzado en 1934 cuando la República española se hallaba gobernada por la derecha, lo que desmonta otra de las falacias del franquismo: que fue la República, al solicitar ayuda a Francia para defenderse del golpe, la responsable de internacionalizar el conflicto.

A finales de junio de 1936 los preparativos del golpe estaban prácticamente ultimados, únicamente faltaba cerrar el acuerdo con los carlistas y asegurar la participación de Franco. El 3 de julio Mola dio el visto bueno al plan. El día 4 de julio, el financiero Juan March entregó un cheque en blanco al marqués de Luca de Tena, propietario del diario ABC, para financiar la adquisición de un avión que trasladase a Franco desde Canarias, donde estaba destinado como comandante general del archipiélago, a Marruecos, para ponerse al frente de las tropas de África. El día 7, Mola envió al general Fanjul, en Madrid, el listado de los oficiales comprometidos con el alzamiento.

Segundo infundio: que fueron las izquierdas las primeras en no respetar a la República con su intento revolucionario de 1934.

Aunque, es cierto que, en octubre de 1934, cuando gobernaba la derecha, se produjo una intentona revolucionaria en España, sólo triunfó en Asturias, siendo reprimida a sangre y fuego por el general Franco.

Pero se olvida, interesadamente, que, el general Sanjurjo, había promovido en 1932, dos años antes, una sublevación militar contra la República que fracasó.

Claude Bowers, embajador estadounidense manifestó: “los que fuera de España creyeron que la rebelión de 1936 era para impedir una revolución comunista, que sepan que enlos últimos tres años y medio nunca oí mencionar nada al respecto, mientras que, por el contrario, todos hablaban confidencialmente de un golpe de estado militar”.

El Partido Comunista de España, apenas tenía 3.000 afiliados antes de la Guerra Civil, y tras las elecciones generales de febrero de 1936, contaba tan solo con 17 diputados en el Congreso. De hecho, en ningún país de Europa, entre 1918 y 1939, triunfó revolución bolchevique alguna.

Como tampoco la tesis de que el golpe de Estado del 18 de julio se efectuó para poner fin al terror rojo, se sostiene. El número de empresarios asesinados en los meses previos al 18 de julio es ínfimo, y el de religiosos, inexistente; perecieron muchos más, en el período comprendido entre 1919 y 1923, que durante la república.

Tercera falacia: que el Frente Popular ganó las elecciones celebradas en febrero de 1936 con trampas, y por tanto que era un gobierno ilegítimo.

Al igual que en otras elecciones hubo irregularidades en el voto y en el escrutinio, sobre todo en Galicia, y en zonas de Andalucía, Extremadura y el País Valenciano. Sin embargo, aún restando esos escaños al Frente Popular, hubiera mantenido la mayoría absoluta en el parlamento (278 de 473 diputados). Desde los tiempos del conde de Romanones, el factor que mas influía en el resultado final era el caciquismo local y la compra descarada de votos por parte de prohombres de la derecha.

Que se produjeron ajustes de cuentas, excesos y asesinatos extrajudiciales en el bando republicano durante la guerra civil es incuestionable. Pero hay que matizar que la represión del bando franquista fue, aproximadamente, tres veces superior, ascendiendo a no menos de 150.000 víctimas.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los militares que se sublevaron el 18 de julio tenían preparado un plan de exterminio de todo aquel que pensara de modo diferente al suyo.

El jefe del golpe, el general Mola, tres meses antes de levantarse en armas, ya mencionaba la necesidad de realizar una limpieza sangrienta: «Es necesario crear una atmósfera de terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación al que no piense como nosotros… la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo (…) aplicando castigos ejemplares (…) para estrangular cualquier movimiento de rebeldía o huelga, y eliminando a todos los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones… Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo».

El 27 de julio de 1936 Franco concedió una entrevista al periodista estadounidense Jay Allen, en la que anunció: «salvaré a España del marxismo a cualquier precio». El periodista le preguntó entonces: «¿significa eso que tendrá que matar a media España?», a lo que el generalísimo respondió: «le repito, a cualquier precio».

Gonzalo Aguilera, aristócrata, terrateniente y capitán del ejército, que desempeñó la función de oficial de prensa de Franco y de Mola, ratificó que «tenemos que matar, matar y matar, para liberarnos del virus del bolchevismo. Espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España… Nuestro programa consiste en exterminar a un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiará el país y nos desharemos del proletariado. Además también resultará conveniente desde el punto de vista económico, porque no volverá a haber desempleo en España, ¿se da cuenta?».

Prueba de ello fue la represión ejercida en regiones en las que ni siquiera hubo guerra. En Canarias se produjeron entre 2.600 y 3.000 asesinatos; en Navarra, alrededor de 3.500; en Baleares 2.000; en Galicia 4.700, etc.

El fin de la contienda se saldó con más de 500.000 exiliados; 270.000 presos, 50.000 ejecuciones; 160.000 víctimas mortales habidas entre 1936 y 1945; 2.000 fosas comunes; 100.000 desaparecidos; 600.000 procesados por tribunales militares (aparte de los ejecutados) y 300 campos de concentración. En 1940, aún había encerradas más de 20.000 prisioneras políticas.

Por si alguien tenía alguna duda sobre lo que le aguardaba, en 1941 el director de la cárcel Modelo de Barcelona advirtió a los reclusos: «tenéis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda».

Al bagaje de bebés robados, presos torturados, huelguistas y manifestantes muertos, penas de muerte, etc., se tiene que sumar el tristemente célebre Tribunal de Orden Público (suerte de Inquisición moderna), creada en 1963, que juzgó a más de 50.000 personas, de las cuales el 70% eran trabajadores.

El estado de guerra se mantuvo vigente hasta 1948, y el estado de excepción, regulado en 1959, se aplicó en 11 ocasiones para controlar estallidos sociales. El régimen de censura y terror impuesto por la dictadura, no se detuvo nunca, y siguió dejando un rastro continuo de víctimas durante los 40 años que rigió la vida pública de los españoles.

El país se convirtió en una inmensa prisión colectiva. El simple hecho de haber estado en la cárcel presuponía no solo ser culpable, sino haber perdido cualquier derecho, incluso la profesión. Las depuraciones e incautaciones de bienes fueron masivas.

Uno de los mitos que mejor han sobrevivido al paso de los años ha sido el de la famosa honradez y austeridad de Franco, ese hombre providencial en el que no cabía la corrupción ni el enriquecimiento personal, porque todo lo hacía por amor a la patria.

Franco, según ha demostrado el historiador Ángel Viñas, para el año 1940 ya había acumulado una fortuna de 34 millones de pesetas, equivalentes a unos 388 millones de euros hoy en día, cuando su nómina mensual como Jefe de Estado Mayor del Ejército en 1935 de 2.493 pesetas, y su sueldo de 50.000 pesetas anuales en 1940 por ejercer el cargo de jefe del estado, no se lo permitía.

De esa cantidad 7,5 millones de pesetas los consiguió con la venta de 600 toneladas de café donadas por el dictador brasileño Getúlio Vargas, a lo que se debe añadir un estipendio mensual de 10.000 pesetas otorgado por la Compañía Telefónica, multitud de donativos y regalos como el del Pazo de Meirás, las confiscaciones de bienes y los bonos patrióticos emitidos para sufragar los gastos bélicos que terminaron en su cuenta…

Siguiendo instrucciones de Churchill, primer ministro inglés, diplomáticos británicos contactaron en 1940, a través del banquero Juan March, con varios generales franquistas y con dos ministros de Franco: el del Ejército, José Enrique Varela, y el de Gobernación, el coronel Valentín Galarza, ofreciéndoles cuantiosas sumas de dinero a cambio de convencer a Franco para no entrar en la segunda guerra mundial al lado del Eje.

Pagos que se hicieron efectivos en el extranjero y que ascendieron a 6,5 millones de libras de la época (unos 300 millones de euros al cambio actual).

Conseguida la paz de los sepulcros, el supremo objetivo del dictador no fue otro que perpetuarse en el poder a cualquier precio. Y es que, alzado su trono sobre un lago de sangre, no podía abandonarlo sin ahogarse.