El 25 de mayo de 2014, coincidiendo con la votación para las elecciones europeas, y contando con el apoyo de la CUP, Podemos convocó un «Multirreferéndum» ciudadano, en las 32 comarcas y 120 municipios más poblados de Cataluña, instalando 250 puntos de votación para consultar a la ciudadanía sobre siete cuestiones sociales importantes:
- Si Cataluña debía o no tener agricultura transgénica
- Si era necesario dejar de pagar la deuda ilegítima
- Si se debía garantizar el control ciudadano de las políticas energéticas
- Si era necesario someter a referendo las iniciativas legislativas populares rechazadas en el parlamento catalán
- Si debía aprobarse el proyecto de BCN World
- La gestión del abastecimiento de agua en Lérida
- La construcción de la línea de Muy Alta Tensión (MAT)
Este referéndum impulsado por la Plataforma de Afectado por la Hipoteca de la que entonces era su líder Ada Colau, por Som el que Sembrem, la Plataforma para la Auditoria de la Deuda y otros movimientos sociales, no gustó nada a la Generalitat, presidida por Artur Mas, que en base a una resolución del Tribunal Supremo que lo declaró ilegal, ordenó a los Mossos de Esquadra que retirasen las urnas de cartón colocadas en las calles catalanas para paralizar dicho referéndum. Además, hubo 500 ciudadanos identificados y 10 personas fueron denunciadas por desobediencia a la autoridad.
Mas justificó su enérgica respuesta al referéndum convocado por Podemos porque todo el mundo tenía que respetar la ley: «Así es como pretendemos actuar de cara al futuro en Cataluña: siempre dentro de los marcos legales existentes. No podemos permitir un reférendum ilegal», indicó.
Afirmaciones como que: «democracia es votar «, «el referéndum del 9-N de 2014 es un acto plenamente democrático, plenamente pacífico. Me sorprende que la justicia investigue una convocatoria para escuchar a la gente», o «las urnas no pueden ser nunca el problema», fueron pronunciadas también por él.
Por su parte, Puigdemont, actual presidente de la Generalidad, ha manifestado recientemente que «un golpe de estado sería prohibir las urnas», no vacilando en preguntar a Rajoy: «¿Me puede decir por qué no puedo votar? Es algo que no se ha hecho nunca hasta ahora. Los golpes de estado no se hacen con urnas».
Es decir que, para ambos presidentes, poner urnas en la calle para conocer la opinión de los catalanes no puede ser nunca un delito, y lo antidemocrático es lo contrario: retirarlas mediante órdenes judiciales o a través de acciones policiales.
Todo ello constituye la demostración más palpable del cinismo del “derecho a decidir”, que solo se aplica cómo les interesa a ellos. Tras sus grandilocuentes proclamas siempre repletas de la palabra “democracia”, lo único que se esconde es la ley del embudo.
Resulta que para que la gente exprese su opinión sobre cuestiones sociales no se pueden poner urnas, pero para que la clase dirigente catalana consiga un «miniestado» donde ella lo controle todo y el 3% quede impune, no existe problema alguno.
(Extracto. Adaptación libre)
Imagen: lasvocesdelpueblo.com
Fuentes: https://elpais.com/elpais/2017/08/07/opinion/1502118606_105523
Tienes toda la razón.