Querido amigo:

Como bien sabes, en los más de 60 años que nos conocemos hemos podido hablar de lo divino y de lo humano sin ningún tipo de censura, tapujos ni cortapisas.

El hecho de conocernos desde que éramos adolescentes ha propiciado el que durante toda nuestra larga relación de entrañable amistad hayamos tenido esa complicidad que sólo consiguen las personas que se quieren y entre las que existe una mutua confianza.

Así era hasta que los partidos nacionalistas catalanes decidieron acelerar su hoja de ruta independentista, hace ahora unos cinco años. A partir de ese momento este tema empezó a ser tabú entre nosotros y cualquier intento de abordarlo terminaba, ante mis datos y argumentos, en una respuesta evasiva, del tipo “tenemos opiniones diferentes”, “no quiero seguir hablando de este asunto” o “tú no puedes entenderlo”.

Nuestra relación, antes fluida, se ha hecho incómoda. Desgraciadamente, esta circunstancia se repite actualmente en todos los ámbitos de la sociedad catalana, habiéndose formado dos bandos, “ellos” y “nosotros”, de carácter irreconciliable.

¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación de desencuentro, impensable poco tiempo atrás?

A continuación voy a intentar darte mi versión de lo sucedido, que necesariamente será larga, porque el principal problema al que nos enfrentamos en este momento es el del relato, que los independentistas han sabido pergeñar hábilmente vertiendo falsedades y eslóganes de fácil digestión sobre España y los españoles.

Como sabes, en 1954 con 14 años llegué a Cataluña con mi familia procedente de Badajoz, debido a un traslado de mi padre que era funcionario del Estado, y me integré totalmente en la sociedad catalana en muy poco tiempo.

Durante diez años tú y yo compartimos los últimos cursos de Bachillerato en el Instituto de Tortosa, la carrera en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, las Milicias Universitarias en Castillejos, los guateques y muchas cosas más.A pesar de nuestros diferentes orígenes mantuvimos siempre un fuerte vínculo de amistad que no se resintió en ningún momento.

Yo había ido a tu tierra con un ánimo excelente, pues toda la información que tenía sobre Cataluña era positiva, y no me sentí defraudado en ningún momento. La acogida de todos mis compañeros del Instituto, y especialmente la tuya y de tu familia, fue extraordinaria y desde el primer momento me sentí integrado en mi nuevo círculo social.

El idioma no era un obstáculo, practicábamos el bilingüismo con absoluta naturalidad, como entonces era habitual, y al poco tiempo de estar ahí ya entendía el catalán. Recuerdo que tu madre me decía: “estoy muy contenta de que mi hijo salga contigo porque así practica el castellano”.

Estos diez años de mi juventud que viví en Cataluña fueron los mejores de mi vida. En esa época de la dictadura, la oficialidad única del castellano en todos los estamentos públicos, especialmente en el educativo – el catalán sólo se hablaba en la familia y en la calle -, tuvo la lamentable consecuencia de que los catalanoparlantes fueráis analfabetos en vuestro propio idioma, algo que repudio.

Aquí conocí a una catalana con la que me casé años después en Madrid, mientras tú lo hiciste con una aragonesa de nuestra pandilla, con la que también creaste una familia. Los matrimonios mixtos y el mestizaje de la sociedad catalana son datos fehacientes, como demuestra el hecho de que los apellidos más frecuentes en la guía telefónica de Barcelona sean de origen castellano.

Cuando abandoné Cataluña en 1964 para trasladarme a Madrid con mis padres e iniciar una nueva etapa de mi vida, yo me sentía catalán, y así lo manifestaba allá donde iba.

Después creé mi propia familia y ejercí mi actividad profesional, primero en una empresa de organización y más tarde en Renfe, donde he trabajado durante 32 años. En este período de mi vida tuve la oportunidad de viajar y conocer a fondo todo el territorio español y gran parte de Europa (incluida una estancia de un mes en el Colegio de Europa en Brujas), impregnándome del espíritu comunitario europeo de colaboración y arrumbamiento de antiguas rencillas nacionalistas que tantos millones de muertos han costado.

Nuestro país se normalizó políticamente en 1978 con el referéndum sobre la Constitución elaborada por siete juristas –dos de ellos catalanes- y aprobada por el 88,54% de los votantes, consiguiendo más del 90% en cada una de las cuatro provincias catalanas.

Aparte de mis innumerables viajes por motivos de trabajo, he residido con mi familia  en Valencia, Bilbao, León y Barcelona, ocupando diferentes cargos directivos, hasta 1983, año en el que me destinaron ya definitivamente a Madrid. En todo este tiempo me he encontrado varias veces con el nacionalismo identitario. En Bilbao (1973-1975), como responsable del transporte ferroviario en el País Vasco, Navarra y parte de Castilla, soporté las consecuencias del terrorismo nacionalista protagonizada por ETA con los asesinatos y la kalebarroka, sufriendo frecuentes avisos de bomba en los trenes y estaciones que nos obligaban a estar en continua alerta policial, y temeroso siempre de que le pudiera suceder algo a mi familia, puesto que muchos días mis hijas no podían asistir a clase debido a los disturbios callejeros.

Esta amenaza, en mi caso, se repitió años más tarde (1991-1992), siendo director de la construcción y puesta en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pues éramos objetivo de ETA, teniendo que llevar un detector de bombas lapa en mi coche y estando sujeto a contravigilancia policial. Sé muy bien, porque lo he vivido, cuáles pueden ser las consecuencias del nacionalismo exacerbado y la atmósfera opresiva que éste crea, porque en la dinámica acción-reacción y vuelta a empezar la espiral del odio va creciendo exponencialmente.

Ese cuento chino de que hay pueblos pacíficos que nunca llegarían a la violencia para conseguir sus fines está más que desmentido por la historia. Cuando volví a Barcelona en 1982 como director de Renfe en Cataluña, el panorama que me encontré no tenía nada que ver con el de mi juventud veinte años atrás (lo describo en mi libro Renfe en el diván a cuya presentación asististeis tu mujer y tú). La lucha política era despiadada entre CiU, que regía la Generalitat con Pujol de President, y el PSC, que controlaba las principales ciudades catalanas, empezando por Barcelona con Maragall de alcalde. El independentismo de ERC era entonces residual. Sin embargo, cuando se trataba de exigir al Estado, en seguida se ponían de acuerdo, rivalizando a ver quién pedía más.

A lo largo de estos dos años de estancia en Cataluña, los principales problemas que tuve no estuvieron relacionados con la gestión ferroviaria, sino más bien con la lengua y la política. Al principio no gustó a las autoridades de la Generalitat que yo no fuera catalán ni hablara catalán – aunque lo entendiera perfectamente -, y tuve que plantarme exigiendo respeto. Tampoco pude encontrar un colegio público que impartiera las clases en castellano para mis tres hijas, debiendo realizar éstas dos cursos exclusivamente en catalán. Nada más llegar, los organismos públicos y la prensa me catalanizaron el nombre, empeñándose en llamarme Josep Lluis. En las reuniones institucionales a las que asistía como representante de Renfe (Consorcio de Transportes, Zona Franca, etc.), sólo se hablaba en catalán sin haberme preguntado nadie previamente si lo entendía.

En un programa de radio abierto a todos los oyentes en los que me hacían preguntas sobre el servicio ferroviario en ambos idiomas – a las que yo contestaba en castellano -, el presentador al final me inquirió qué pensaría yo si cuando llegase a mi oficina en la estación de Francia, encontrase una pintada diciendo “queremos directores de Renfe catalanes”. Mi respuesta fue que se daba por supuesto que en la elección para cada cargo debían primar los conocimientos, la experiencia y las aptitudes de cada candidato, con independencia de su origen, y también – esta vez cachondeándome del presentador – que el catalán Ramón Boixadós, entonces presidente de Renfe, y yo habíamos permutado nuestros puestos.

En esta etapa tuve varias entrevistas con Pujol, en las que lo único que le interesaba era la normalización lingüística de nuestros empleados – es decir, expresarse en catalán, que para él era lo normal, aunque la mitad de la población catalana fuera castellanoparlante -, y la conexión con Francia en ancho internacional. Se trataba de fer país, un mantra repetido hasta la saciedad, y no quería distraerse con temas más banales y menos gloriosos, que estuvieran directamente relacionados con el bienestar de los ciudadanos de a pie, como por ejemplo, las cercanías.

Florencio Pujol, junto con su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana, cuñado de éste, fundó Banca Catalana que se convirtió en 1981 en el primer banco de Cataluña y el décimo en el ranking de entidades financieras españolas. Pero en 1982 entró en una profunda crisis con importantes retiradas de depósitos, teniendo que ser rescatada con fondos públicos por valor de 20.000 millones de pesetas. Como consecuencia de las irregularidades detectadas por la inspección del Banco de España – departamento en el que trabajaba mi padre-, la Fiscalía General del Estado instó una querella criminal contra los directivos de Banca Catalana – entre ellos Jordi Pujol, que había cobrado antes de la bancarrota 84 millones de pesetas de indemnización y había vendido las acciones familiares por 25 millones de pesetas- por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.

El 31 de mayo de 1984 Pujol, tras ser nombrado nuevamente President de la Generalitat con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 29 de abril, salió al balcón de la plaza de Sant Jaume, envuelto metafóricamente en la senyera, para denunciar la “jugada indigna” del Gobierno de Felipe González contra él. Y desmintiendo lo que pregona el relato de los nacionalistas – que Cataluña es eficiente y España un desastre – este desaguisado se ha vuelto a repetir con el rescate de Catalunya Caixa en 2012 que ha costado a todos los españoles 12.676 millones de euros, siendo el más caro de todos, incluido el de Bankia.

Si a lo anterior le añadimos los escándalos generalizados del 3% que beneficiaron al partido de Pujol y a casi todos sus miembros destacados, los negocios fraudulentos de sus hijos y de la Madre Superiora, la confesión de Pujol en julio de 2014 de sus cuentas millonarias no declaradas en paraísos fiscales, la conclusión es evidente: Cataluña ha sido la Comunidad con más corrupción de toda España, como confirman los datos facilitados por el Presidente del CGPJ en enero de 2017, indicando que en los cinco trimestres comprendidos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, en Cataluña se enviaron a juicio por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y otros conexos a 303 personas, siguiéndola Andalucía con 153 y Madrid con 145.

Álvarez Junco, uno de los mejores historiadores actuales, nacido en Viella en 1942, retrata al nacionalismo catalán como el típico corporativismo donde un grupo o sector social elitista defiende sus intereses particulares, anteponiéndolos a los de interés general, practicando el clientelismo, que es un intercambio de servicios y favores – principalmente, prestaciones económicas a cambio de lealtad a la causa -, manejando la Administración y las Instituciones del Estado como sus fincas privadas para asegurar el control del territorio para los dirigentes de la tribu, los catalanes de pata negra.

Así se explica que todos los Consellers destituidos por la aplicación del artículo 155 tengan apellidos catalanes cuando los más comunes en Cataluña son de raíz castellana. Naturalmente, de vez en cuando aparece algún apellido no catalán, como Sánchez (ANC) o Rufián (ERC), para dar muestras de pluralidad.

Mientras los sucesivos Gobiernos centrales engordaban las competencias de la Generalitat a cambio de conseguir sus votos en el Congreso y miraban para otro lado sobre lo que sucedía en Cataluña, Pujol trazó un plan estratégico, desarrollado en 20 folios, llamado Programa 2000 – revelado por el periodista José Antich el 28 de octubre de 1990 en El País con el titular “El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales”-, en el que se afirmaba que “Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico”, promoviendo la independencia mediante la “construcción nacional” de Cataluña y “la catalanización de la enseñanza”. Con Pujol como Presidente de la Generalitat, si el Estado transfería competencias, éstas no eran valoradas y si las denegaba, aparecía inmediatamente el agravio.

Forcadell la presidenta del Parlament ha declarado que los que no voten secesionista no son catalanes;  el vicepresidente Junqueras, ha escrito que los catalanes se parecen genéticamente a los franceses, italianos y suizos; y el consejero Turull ha manifestado que los que no participaran en el  referéndum ilegal eran súbditos y no ciudadanos, destilando xenofobia y supremacismo por todos los poros.

Como consideran la lengua el eje vertebrador de la nación catalana, no les importa vulnerar los derechos del 50% de población castellanoparlante, marginándola en la enseñanza y en el ámbito público. Los catalanes son bilingües, pero la Cataluña docente debe ser monolingüe, según los independentistas, que demandan un respeto a la pluralidad que ellos no practican de puertas adentro.

En abril de 1983, viviendo yo en Barcelona, se aprobó la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña,  corregida y aumentada después por la Ley de Política Lingüística de 1998, donde se establecía el catalán como lengua oficial de la administración pública y la enseñanza, y vehicular en el resto de los ámbitos, mientras que el castellano – idioma común de todos los españoles – quedaba relegado al ámbito privado. Ya entonces, los dirigentes de Òmnium Cultural y la Crida intentaban que se estableciera el catalán como lengua única de la Renfe catalana, cosa que no permití.

De lo que era una demanda legítima: conseguir que la lengua y cultura catalanas volvieran al lugar que le correspondía una vez acabada la dictadura, se ha pasado al extremo opuesto, utilizando el idioma como elemento de segregación, impidiendo que exista una enseñanza bilingüe, como hacen todos los territorios que cuentan con más de un idioma. Muchos se alinean con la voz dominante aunque no coincida con su opinión, porque evita muchos problemas y hasta puede ser remunerado con ventajas sociales o económicas, iniciándose así una “espiral de silencio”.

Sobre el régimen franquista, he leído versiones que pretenden hacer creer que Cataluña fue sojuzgada por España como si la dictadura y la guerra civil no la hubieran sufrido todos los españoles, y en otros lugares con mucha mayor virulencia que Cataluña.

A mi madre, con 18 años, le pilló la Guerrra Civil en Madrid, soportando ella y todos los madrileños un cerco de 33 meses sin comida, con bombardeos continuos por tierra y aire. Mi padre, madrileño, fue reclutado forzoso desde el principio y estuvo, entre otras, en la batalla del Ebro, de julio a diciembre de 1938, como soldado raso, defendiendo a Cataluña y lo que quedaba de la República hasta que, tuvo que huir a Barcelona. A mi suegro, oficial médico de la marina republicana, le condenaron a muerte en la base naval de Cartagena al acabar la guerra y le conmutaron después la pena capital exiliándolo a un pequeño pueblo pesquero catalán, donde ejerció la medicina hasta su jubilación.

Durante la mayor parte de la guerra civil,  apenas se combatió en territorio catalán contra las tropas franquistas – salvo para mantener el frente de Aragón y un intento frustrado de reconquistar Mallorca -, y las luchas más cruentas se produjeron entre los propios catalanes, protagonizadas por los anarquistas de la FAI y CNT, los comunistas del PCE, POUM y PSUC), y los nacionalistas de ERC.

Ni el levantamiento de Franco fue contra Cataluña, sino contra la Segunda República Española de 1931; ni Cataluña fue ajena a este golpe de Estado, pues hubo muchos destacados catalanes que lo financiaron, apoyaron y combatieron a su lado, y yo he sido testigo de cómo los miembros de la burguesía catalana hacían cola para besar su mano, cuando Franco se alojaba en el palacio de Pedralbes en Barcelona.

Desde que comenzó el nacionalismo catalanista al final del siglo XIX, el modus operandi de los líderes catalanes ha sido amenazar con la separación si no se satisfacían sus demandas. El hecho de declarar en 1934 la independencia de Cataluña durante la República, fue uno de los motivos para el golpe de Estado de julio de 1936.

Durante la Transición, el papel de los representantes catalanes (tres de los diez ponentes) fue fundamental para la redacción de los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, y también para la redacción de la Constitución (dos de los siete ponentes). En el referéndum de 1978 la Constitución fue aprobada por el 90,46% de los catalanes, una proporción superior a la del conjunto del país (87,78%). El Estatuto de Autonomía de Cataluña se adelantó asimismo a todos los demás y fue aprobado en referéndum en octubre de 1979 por un 88,15% de los votantes (el 59,7% del censo).

El Pacto del Tinell firmado el 14 de diciembre de 2003 entre las fuerzas catalanistas y de izquierdas (PSC, ERC e ICV) supuso que, por primera vez desde la Transición, CiU no gobernaba  Cataluña. Los dos puntos más importantes del acuerdo fueron la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía – empeño personal del líder del PSC, Maragall, famoso por sus ocurrencias, a pesar de que en las encuestas sólo un 7% de catalanes lo demandaba -, y el rechazo a cualquier acuerdo con el PP catalán.

La elaboración en Cataluña del nuevo Estatut fue muy laboriosa, pues al borrador del tripartito se tuvieron que añadir nuevas peticiones de CiU liderado por Mas, para que lo apoyase en el Parlament, rebasando todos los límites competenciales, entre ellos, la consideración de Cataluña como nación, el blindaje de las competencias autonómicas, la circunscripción electoral única, un sistema propio de hacienda autonómica y el control de puertos y aeropuertos.

En junio de 2006 dicho texto fue ratificado en referéndum por el 73,24% de los votantes con una participación del 48,85% del censo, es decir, aprobado por uno de cada tres catalanes. En 2010, el Tribunal Constitucional anuló 14 artículos y corrigió 27 de sus 223 artículos.

En las elecciones autonómicas de 2010, CiU resultó vencedor y Mas fue nombrado presidente de la Generalitat, comenzando bajo su mandato una reducción del 26% de gasto en sanidad, educación y servicios sociales durante el período 2010-2015.

El 27 de mayo de 2011 hubo una brutal carga policial de los Mossos de Esquadra con porras y botes de humo para desalojar a los acampados del 15- M que ocasionaron más de 100 heridos, y el 8 de julio se produjo el acoso en la Ciudadela de unos 2.000 indignados a los miembros del Parlament cuando acudían a una sesión del mismo, donde se vieron a diputados gritando “¡Auxili!” corriendo mientras les perseguían, mientras otros eran escupidos o empujados, algunos manchados con tinta o les arrojaban peladuras de plátano, y el presidente Mas accedía en helicóptero.

Como consecuencia de mi hartazgo ante la ola separatista, en julio de 2014 me apunté a SCC (Societat Civil Catalana) – una Asociación nacida poco antes – que reivindica una España plural, sin exclusiones, integrada por personas con diferentes ideologías, desde el socialismo al liberalismo.

Basta ya de decir que existe una “revolución de las sonrisas”, pacífica y festiva, cuando estamos asistiendo a una ceremonia de la imposición y la división que margina  a más de la mitad de la población catalana. Esa masa de las Diadas, perfectamente organizada para el show televisivo, permite a los dirigentes del proces respaldar su trayectoria de mentiras y de corrupción, lo mismo que Franco utilizaba también ese género de concentraciones, aunque más cutres y sin tele, para los mismos fines: justificar en la calle su dictadura, propiciando una falsa idea de unanimidad y normalidad totalmente ficticia.

Considero al nacionalismo una de las peores lacras de la humanidad, como ha quedado demostrado a lo largo de los siglos desencadenando guerras que han causado millones de muertos. A diferencia del patriotismo, que se basa en el amor al terruño, a tu gente y a lo que te es familiar por nacimiento o adopción, el nacionalismo se fundamenta en el odio y necesita fabricar un enemigo.

Me parece profundamente inmoral la utilización de escolares niños y jóvenes en apoyo al independentismo, utilizándolos para cuestiones políticas para cuya comprensión y crítica no tienen la madurez necesaria. En la TV 3, la televisión catalana, que ellos denominan la nostra, España es el extranjero, concediéndole un espacio similar al de China, y cuando se la menciona es solo para criticarla; la palabra “nacional” se reserva siempre para Cataluña; cuando dicen “nuestro” están hablando de algo catalán;  el marco de referencia es únicamente Cataluña y los Països Catalans, y los temas de actualidad son básicamente el proces y el Barça. En cuanto a los debates – por llamarlos de alguna manera -, sus contertulios son siempre de la cuerda nacionalista, y a los escasos disidentes se les trata con displicencia. Los periodistas Joan López Alegre y Nacho Martín Blanco, participantes en algunos han denunciado ese sectarismo declarando que “nuestra presencia en ellos sólo les sirve de coartada”.

El Artículo 155 según este medio es ilegal; el fascista Rajoy se ha dejado llevar por su sector más ultra; la economía catalana no va a sufrir apenas y si lo hace es por culpa del Gobierno español que instiga a las empresas a marcharse de Cataluña; los líderes europeos se han alineado con Madrid pero en el fondo le dan la razón al Gobierno catalán; el Tribunal que ha juzgado a los Jordis es incompetente; Puigdemont es el President en el exilio; los políticos presos no lo son porque hayan incumplido la ley, sino por sus ideas; el golpe de Estado no lo han dado los independentistas con la DUI y la resistencia callejera incumpliendo los mandatos judiciales, sino el Gobierno central, etc.

TV3 es una de las cuatro patas de los separatistas. Las otras tres son la lengua, la escuela para hornear nuevos prosélitos y el Govern fomentando la sedición. En la película Misterioso asesinato en Manhattan Woody Allen dice que “cuando escucho a Wagner durante más de media hora me entran ganas de invadir Polonia”, y supongo que algo parecido les debe suceder a los espectadores de la hispanófoba TV3 que cuenta con una plantilla de 2.300 empleados, el doble que Mediaset y un 30% más que Atresmedia, cobrando sueldos muy superiores a los trabajadores de estos medios privados, porque la adhesión a la causa se recompensa bien.

El gran hallazgo de sus comunicadores ha sido el “derecho a decidir”, para rebautizar el derecho de autodeterminación inaplicable a Cataluña por no ser una colonia de España. No sé cuántas veces habrá que repetir algo obvio: la democracia no sólo consiste en votar, sino que se basa, antes que nada, en el respeto a los demás y el cumplimiento de las leyes que nos hemos dado entre todos. Lo contrario sería la selva, donde los fuertes sojuzgarían a los débiles. Identificar referéndum con democracia constituye una falacia, porque sin ley no hay democracia.

El 1-O utilizaron a personas bienintencionadas como fuerza de choque, dando instrucciones a los Mossos de Esquadra para que hicieran de polis buenos, dejando a la guardia civil y policía nacional la labor sucia de intentar impedir el referéndum, con el resultado de los lamentables incidentes que todos vimos en la tele. Por supuesto que el Gobierno central hizo una gestión increíblemente torpe de este asunto por fiarse de que la policía catalana iba a cumplir el mandato judicial.

Pero cuando al día siguiente empecé a oír hablar de centenares de heridos, como la señora de los dedos rotos que le vendaron la mano que no era, los rostros ensangrentados de sucesos no relacionados con éste, y el video de la actriz joven pidiendo ayuda (¡help!) en inglés mientras se veían escenas de policías dando golpes, me di cuenta de que una vez más la propaganda se estaba imponiendo sobre los hechos.

Porque lo cierto es que los hospitales catalanes apenas registraron entradas de contusionados ese día y que los policías autonómicos, tan alabados en esa jornada, no lo fueron tanto cuando hprotagonizaron enfrentamientos con manifestantes en ocasiones anteriores (como el desalojo de Plaza Cataluña, Can Víes y otras), con una contundencia mucho mayor que la observada el 1-O, como se puede apreciar en los vídeos colgados en Internet, donde entrevistan a un mando de los mossos que señala que no existen las manifestaciones pacíficas si son ilegales, como era el caso, y que la violencia policial proporcional es legítima cuando están cumpliendo mandatos judiciales. Y es que hay que decirlo claramente: un acto realizado en contra de una resolución judicial constituye un ejercicio de violencia moral e intimidación inadmisible.

Cuando Kennedy envió la Guardia Nacional a los Estados sureños para hacer cumplir las leyes federales contra la segregación racial manifestó textualmente: “Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla, pues ningún hombre, por muy importante o poderoso que sea, ni ninguna muchedumbre, por más rebelde o turbulenta que se muestre, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desobedecer los mandamientos de nuestro más Alto Tribunal y nuestra Constitución, ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

La réplica del mundo independentista a la prohibición legal de hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña habla de países como Escocia, Quebec o Kosovo. El caso de Escocia, no es aplicable a Cataluña porque este territorio fue un reino soberano hasta su unión en 1707 con Inglaterra por voluntad propia, teniendo además Escocia muchas menos competencias transferidas en el Reino Unido que Cataluña en España.

En el caso de Quebec el Gobierno de Otawa encargó al Tribunal Supremo canadiense que fijara las condiciones para celebrar un referéndum de secesión. El dictamen del citado Tribunal aprobado por el Parlamento de Canadá en junio de 2000, mediante la llamada “Ley de Claridad”, fijaba los requisitos para un proceso de secesión, entre ellos, que el referéndum debía hacer una pregunta clara e inteligible, que debían darse las mismas oportunidades de defensa a las dos opciones en liza, que debían fijarse los términos económicos de la separación y que, para ser válida la secesión tenía que superar un porcentaje mínimo de participación y una mayoría reforzada de votos afirmativos (no valía el 50% + 1). Además, esta Ley establecía, de acuerdo con la lógica de los independentistas que: “En el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran formalmente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se acepta la divisibilidad del territorio canadiense”.

Puesto que Canadá acepta que Quebec se separe si una sustancial mayoría de sus habitantes lo desea, Quebec también debe aceptar desprenderse de parte de su territorio por la misma razón si una mayoría de su población desea seguir siendo canadiense. Desde entonces nunca más se ha vuelto a pedir un nuevo referéndum por parte de los independentistas quebequeses.

En cuanto a la independencia unilateral de Kosovo en 2008, conviene recordar que vino precedida por la expulsión de 700.000 ciudadanos decretada por el Gobierno central serbio, por la supresión violenta de sus órganos administrativos sustituidos por una ocupación militar y policial de su territorio, y su posterior liberación por parte del Ejército Internacional (KFOR) auspiciado por la OTAN.

Lo cierto es que España – según el índice de calidad democrática publicado anualmente por la Unidad de Inteligencia del diario TheEconomist -, ocupa el puesto 17 entre 167 países analizados, inmediatamente detrás del Reino Unido y por delante de Estados Unidos, Italia y Francia.

El conflicto creado por los secesionistas, no se da entre Cataluña y España, sino entre una Cataluña independentista y otra no independentista. El resultado es la calificación de traidores, renegados, botiflers, fachas, unionistas o franquistas a más de la mitad de la población y, entre ellos, a insignes catalanes universales – para mí los mejores – como Serrat, Marsé, Mendoza, Coixet, Milá, Sardá y tantos otros que firmaron un manifiesto contra el referéndum ilegal del 1-O por considerarlo una “convocatoria tramposa y una estafa antidemocrática”. Sin olvidar a Boadella, uno de los primeros disidentes que tuvo que exiliarse a Madrid porque le acosaban por la calle en Cataluña.

El diálogo  constituye otro de los mantras del independentismo, una maniobra estratégica para conseguir su objetivo, sin vocación alguna de entendimiento.

Protesta pacífica es su coartada para disimular la agresividad de los ataques y amenazas a los políticos y sedes de partidos y constitucionalistas, las presiones a los alcaldes socialistas que no colaboraron con el referéndum ilegal, el hostigamiento a los miembros de las fuerzas policiales nacionales, y el señalamiento de niños en las escuelas por ser sus familias no independentistas.

Numerosos políticos están enchironados en España, con carácter preventivo o sentencia firme, por delitos mucho menos graves que los de estos individuos. Hasta el punto que parece que incluso hay empresas que se están planteando querellarse contra la Generalitat como responsable de las pérdidas debidas a sus traslados forzosos a otros lugares de España.

La desconexión es otra palabreja inventada para hacer creer a sus seguidores que la secesión era tan fácil como desenchufar un electrodoméstico.

Si analizamos cuestiones económicas importantes, como la deuda que ha ido acumulando la Generalitat durante los últimos años, podemos apreciar la insensatez de las propuestas independentistas. La deuda actual de Cataluña es de 76.700 millones de euros, a la que se debería añadir, en caso de separación, la parte alícuota de la deuda pública de la administración central española, cifrada en unos 170.000 millones de euros  (20% de 850.000 millones). La suma de ambas magnitudes arrojaría una deuda total catalana del orden de 247.000 millones de euros, el 110% del PIB catalán.

La respuesta a eso de los independentistas, con su descaro habitual, es que no pagarían la deuda del FLA ni la correspondiente del Estado, lo que abocaría a un arbitraje internacional, que lo único que haría sería demorar la cuestión, con la consiguiente inestabilidad, pero al final tendrían que abonarla por un principio universalmente aceptado de subrogación de las deudas contraídas por los Estados cuando cambian los regímenes.

El presupuesto de la Generalitat para 2017 ascendió a 38.000 millones de euros, de los que 22.000 millones (más de la mitad) fueron gestionados por un entramado de organismos autónomos (empresas públicas, consorcios y fundaciones), que conforman una administración paralela difícil de controlar en cuanto a contratos, gastos y colocaciones de personal. Según los últimos datos certificados por el Tribunal de Cuentas del año 2014, la Generalitat tenía 182 entes al acabar ese año –con mucha diferencia la que más tiene-, un 32% más que en 2008, cuando el resto de las Autonomías los habían reducido un 30% en ese período por la crisis.

Con el tripartito de Montilla (parece que cada puesto de asesor se multiplicaba por tres para colocar a los paniaguados de cada partido) y siguió creciendo después con CiU. Si al anterior desmadre le unimos las Diputaciones, las Provincias, los Consejos Comarcales y los Ayuntamientos; los sueldos mucho más elevados que sus homónimos del Estado o de otras Autonomías; y las necesidades del proces en publicidad, propaganda y subvención a medios de comunicación afines, los fondos de reptiles para comprar voluntades, las aportaciones a asociaciones civiles independentistas, las embajadas, etc., – se ve que el independentismo es un gran pesebre del que muchos viven, mientras a la población le recortaban un 31% el presupuesto de sanidad entre 2009 y 2015.

Spanair, que la Generalitat pretendió convertir en la compañía aérea de bandera catalana, recibió 200 millones de euros de subvenciones encubiertas, pero quebró dejando en la calle a 2.000 trabajadores y tirados a más de 20.000 clientes en los aeropuertos; el Fórum de las Culturas de 2004 costó más de 300 millones de euros sin que se volviera a saber nada de ellos; el aeropuerto de El Alguaire (Lleida) costó 100 millones de euros y apenas tiene vuelos; las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona, que comenzaron en 2002 con un presupuesto de 2.000 millones de euros y se iban a terminar en 2007, 15 años después, llevan gastados más de 6.000 millones, etc., siendo la región que cuenta con más impuestos propios.

Para los que tenemos algunos años a nuestras espaldas, el procés recuerda a un régimen anterior que hemos vivido, en el que los Països Catalans han sustituido a España “como unidad de destino en lo universal”; donde las masivas concentraciones para aclamar al líder carismático en la plaza de Oriente se han trasladado a la plaza de Sant Jaume; las demostraciones sindicales de coros y danzas del 1 de mayo se han pasado al 11 de septiembre; el aguilucho de la bandera española se ha convertido en la estrella en la senyera; la Formación del Espíritu Nacional sigue vigente en l’escola catalana; la prensa, radio y televisión catalanas exaltan a la patria como antes lo hacían la Radio Nacional de España y los periódicos Arriba y El Alcázar; al contubernio judeomasónico y la pérfida Albión le ha sucedido la confabulación del Estado opresor; el Cara al sol por el himno no menos glorioso de Els Segadors; y el estigma de antiespañol si no mostrabas tu adhesión al Movimiento Nacional se ha tornado en el de anticatalán si no comulgas con el ideario soberanista.

Me da igual si alguien es adorador del sol o se cree Supermán, lo único que le exijo es que cumpla la ley. La Constitución vigente en España encarna el compromiso de todos los ciudadanos con unos valores universales de solidaridad, libertad e igualdad basados en los derechos humanos, que se sitúan por encima de territorios, intereses, sentimientos e ideologías, y que hay que respetar en pro de una buena convivencia.

(Extracto. Adaptación libre)

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