En 1993 el empresario Bernard Tapie se desprendió de sus acciones en Adidas para evitar un conflicto de intereses y poder formar parte del Gobierno de François Miterrand.
Para la venta de sus valores recurrió a Crédit Lyonnais, en ese momento entidad pública, que colocó los títulos a un grupo inversor, en el que se incluía el propio banco, que pagó 300 millones de euros por ellos. Un año después, Crédit Lyonnais y el grupo inversor revendieron Adidas por 700 millones de euros.
Tapie se sintió perjudicado y reclamó una compensación. Así se inició una década de pleitos judiciales entre Tapie y el Estado, propietario de Crédit Lyonnais hasta su privatización, que se cerraron con un arbitraje privado impuesto por Lagarde.
Tapie era amigo personal de Nicolas Sarkozy, presidente francés, cuando Lagarde era ministra de Finanzas y el banco dependía de ella.
A Lagarde se le ha acusado de negligencia, malversación y desvío de fondos públicos por ir a un procedimiento arbitral privado, en contra del dictamen de la Agencia de Participaciones Estatales (APE); arbitraje que concedió en 2007 a Tapie una indemnización de 403 millones de euros a cargo del Estado, 45 de los cuales por “daños morales”, que la ministra no recurrió. Baste señalar que el Tribunal Supremo anuló posteriormente dicho arbitraje, que está pendiente de juicio para el que todavía no hay fecha.
El tribunal de Justicia de la República Francesa, la única instancia habilitada para juzgar a miembros del Gobierno por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones, está formado por 12 parlamentarios y 3 magistrados. Pese a que el ministerio fiscal, es decir, la acusación, se pronunció a favor del sobreseimiento del caso, requiriendo su absolución, los jueces instructores del caso Lagarde consideraron, en su decisión de enviarla a juicio, que la actual directora del FMI había mostrado “una ligereza poco admisible”, al acudir a un arbitraje privado. Para esos magistrados, no sólo hubo “incuria” y “precipitación”, sino “una conjunción de faltas que por su naturaleza, su número y gravedad, superan el nivel de una simple negligencia”, para las cuales Lagarde sólo había aportado “explicaciones poco convincentes, e incluso desoladoras”.
En una entrevista reciente en la emisora France 2, Lagarde negó haber favorecido al empresario y manifestó sentirse “confiada, la negligencia es un delito sin premeditación. Pienso que todos en nuestra vida podemos cometerlo. Intenté hacer mi trabajo lo mejor posible, dentro de los límites de lo que yo sabía”. Asimismo, rechazó haber actuado obedeciendo órdenes de Sarkozy, y durante el proceso, Christine Lagarde justificó su falta de atención achacándola a la crisis financiera de 2008 que ella trataba de solucionar.
La Corte de Justicia de la República emitió el lunes 19 de diciembre de 2016 su veredicto, declarando culpable a la ex ministra Christine Lagarde, pero eximiéndola de castigo alguno, en razón de la “personalidad” y la “reputación internacional” de la actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras, en Francia, se ha condenado a un joven a 3 meses de cárcel en Toulouse por haber robado un queso y, a Ysoufou y Bagui Traoré a 6 y 8 meses de cárcel respectivamente, además de 7.000 euros de multa y 2 años de prohibición de residencia en Beumont-sur-Oise, por haber reclamado que se investiguen las causa de la muerte de su hermano Adama Traoré por disparos policiales.
Alabada sea la justicia a la carta.
(Extracto. Adaptación libre)
Imágenes: voici.fr|EFE
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Traductores: Susana Merino, Juan Antonio Julián
