El gobierno penaliza la producción de energía eléctrica doméstica estableciendo un impuesto al sol

Presenciamos una revolución en uno de los sectores tradicionalmente más inmovilistas, el energético, derivada del fuerte abaratamiento de las energías renovables. En un número aceleradamente creciente de lugares, hoy en día resulta mucho más barato producir electricidad en el tejado de casa que comprarla a la compañía eléctrica. ^[1]Nota: Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten la luz en electricidad.

La tecnología responsable, la energía solar fotovoltaica, ha sorprendido a propios y extraños abaratando sus costes en más de un 80% en menos de cinco años. Ha pasado de ser un artículo «de lujo», que requería de fuertes apoyos para su despliegue, a un electrodoméstico que, en lugar de aumentar el importe del recibo, lo abarata. Es limpia, es modular (desde un pequeño panel hasta inmensas instalaciones de hectáreas de extensión que ya compiten con las grandes centrales eléctricas) y ahora, además, es barata. En muchos casos, la más barata.

Pero tiene dos inconvenientes: es variable (no siempre hace sol cuando queremos consumir electricidad) y, sobre todo, intenta implantarse en un sector con ingentes intereses. Respecto al problema de la variabilidad existen dos posibles soluciones: permanecer conectado a la red eléctrica para que ésta supla los déficits; o almacenar los excedentes para consumirlos después. Es en la primera alternativa en la que nos topamos con la normativa del sector eléctrico y, en consecuencia, con la capacidad de intervención del Gobierno.

El actual Gobierno, además de plagar de trámites administrativos innecesarios las instalaciones de autoconsumo, tacha de insolidarios a quienes pretenden autoabastecerse parcialmente, porque dejan de «contribuir al sistema» y, en consecuencia, trasladan «su carga» al resto de consumidores. De ahí que haya propuesto que se les imputen una serie de desembolsos por la energía autoproducida, salga o no ésta a la red eléctrica, en lo que coloquialmente se conoce como «impuesto al sol»,

Pero, si el impuesto al sol no persigue sino mantener invariable la estructura de ingresos del sistema eléctrico, cabría penalizar igualmente cualquier otra medida que conllevara un ahorro de energía… ¿se imaginan ustedes un impuesto a la leña o al doble acristalamiento?

El debate subyacente es qué costes del sector eléctrico son fijos y cuáles dependen de la cantidad de energía suministrada. Es comprensible que las compañías eléctricas traten de convencernos de que la mayoría de sus costes pertenecen a la primera categoría. No lo es tanto, a mi juicio, que el Gobierno, e incluso la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), compartan ese criterio. Pero suponiendo que fuéramos capaces de determinar qué costes son fijos,  cabría preguntarse cómo hay que repartirlos entre los consumidores.

Los consumidores pagamos un término «fijo», asociado a la potencia que contratamos (la demanda máxima que podemos exigir a la red en un momento determinado) y un término «variable», que depende del consumo por  contador. Lo lógico sería que los costes fijos se pagaran a través del término fijo. De ser así, no habría problema en que alguien ahorrara energía o se autoabasteciera mientras no disminuyera la potencia contratada

Nada más lejos de la realidad: no hay ninguna metodología objetiva para calcular qué parte del recibo es fija y cuál depende del consumo. De ahí las críticas —y la confusión— a la decisión del actual Gobierno de duplicar el precio del primer término en menos de un año a costa de rebajar ligeramente el del segundo. Ni tampoco hay criterio objetiv para imputar objetivamente los costes a los diferentes tipos de consumidores. Mucha gente desconoce que los consumidores industriales en España prácticamente no pagan primas a las energías renovables, lo que resulta aún más llamativo cuando se escucha a éstos achacar a aquéllas sus altos precios eléctricos.

Mientras la tarta se la han repartido los mismos, estas disfunciones no han resultado ser demasiado problemáticas, pero ahora que millones de personas pueden intervenir en el reparto, la cosa se complica… ¿quién nos iba a decir que un simple panel solar iba a destapar las vergüenzas del sector eléctrico?

En efecto, lo más curioso es que los autoconsumos que desde hace años vienen practicando tanto el sector industrial (cogeneración), como las propias centrales eléctricas (consumos propios que solo pagan peajes desde 2012), no hayan sufrido ningún tipo de impuesto al sol. Y la cantidad de energía involucrada no es despreciable: nada menos que el equivalente al consumo de 4,5 millones de familias.

Para salir de este entuerto solo nos queda, pues, confiar en un cambio radical de la regulación eléctrica —permítame que no apueste por ello en el corto plazo—, o encomendarnos a las baterías. Y en esto tenemos muy buenas noticias: están también reduciendo agresivamente sus costes, lo que las convierte en la pareja ideal de las renovables.

En un ataque de paroxismo, el Gobierno propuso un cargo complementario por el uso de las baterías. En esta ocasión era tan evidente que la motivación no era técnica —la incorporación de baterías reduce el coste del sistema eléctrico— sino recaudatoria que, esta vez la CNMC (organismo regulador de la competencia) lo rechazó haciendo notar que en esta línea incluso «cabría impedir al resto de consumidores (los no acogidos a ninguna modalidad de autoconsumo) que redujeran su potencia contratada». La respuesta del Gobierno ha sido escalofriante: extender el cargo complementario a cualquier sistema que permita reducir la potencia contratada y, en consecuencia, el término fijo de la factura de la luz.

Es claro, pues, que el Gobierno se afana en evitar que el autoconsumo se desarrolle. Lo importante es que gracias a la enorme reducción de precios que la tecnología nos va a deparar en los próximos cinco años, incluso con el impuesto al sol propuesto y sin que se valoren las enormes ventajas económicas, sociales y medioambientales del autoconsumo, éste va a acabar imponiéndose.

Nos encontramos ante una encrucijada histórica en el sector de la energía frente a la que caben dos alternativas: poner trabas al desarrollo del autoconsumo, como hace el gobierno, lo que a mi juicio solo va a servir para retrasar su implantación y que nos acabe saliendo más caro, o integrarlo de forma ordenada en el sistema eléctrico actual.

(Extracto. Adaptación libre)