En Cataluña se utilizaron vías ilegales para derogar la Constitución e intentar alcanzar la independencia. Esa es la verdad aunque escueza y escandalice. Lo que se entiende menos es que parte de la opinión catalana no separatista compre acríticamente el relato del farol, de que todo fue simbólico y solo hubo desobediencia.
Pues imaginen a unos ladrones que se disfrazan de payasos para asaltar un banco con pistolas de juguete que parecen reales y exigir el botín. Si logran culminar con éxito el robo serán considerados unos genios, pero si la policía actúa y los coge, alegarán que todo había sido una broma. ¿Merecerían ser juzgados, o no?
El ‘procés’ no fue ninguna payasada sino un golpe de Estado como una casa, porque se intentó sustituir el orden constitucional con la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana votada en el Parlament el 7 de septiembre de 2017. Sobre ese punto no cabe ninguna duda.
Ahora bien, su tipificación penal se complica, porque la rebelión exige un alzamiento violento, pero que se produjeron hechos violentos como agresiones públicas a policías, actos de hostigamiento a los acuartelamientos de la Guardia Civil y en los hoteles donde las fuerzas de seguridad se alojaban, coacciones, amenazas, insultos, destrozo de vehículos, etc., resulta innegable.
En contra de lo que a veces se afirma, no hace falta que el alzamiento sea armado o cruento para que haya rebelión. Tampoco fueron unos simples desórdenes públicos, sino que la movilización tumultuaria impulsada por las entidades soberanistas tenía como finalidad legitimar la independencia.
Los acusados, en su mayoría autoridades públicas, la habían planificado y preparado con leyes, decretos y reiteradas declaraciones, animando a la ciudadanía a votar en el referéndum ilegal, por lo que la responsabilidad última de todos los episodios de violencia, incluida la de los cuerpos de seguridad para impedir el 1-O, es achacable exclusivamente a ellos que fueron advertidos por los Mossos del riesgo de convocarlo.
Hasta la abogada del Estado reconoció en sus conclusiones finales que sí hubo violencia, aunque no formase parte “estructural” del plan secesionista. Se trata de una pirueta semántica para acusar solo de un delito de sedición, y responde a la voluntad del Gobierno de Sánchez de echar agua al vino.
Estamos ante algo inédito, como es un golpe civil propiciado desde las instituciones autonómicas, pero pretender negar que hubo un clima intimidatorio se parece a cuando los niños pequeños se tapan los ojos con la mano para no ver la realidad que tienen delante. Y lo mismo ocurre con la malversación, que se cuestiona también con tecnicismos pese a las evidencias.
Finalmente, el último asidero al que se acogen para negar la rebelión, es que los acusados ni declararon de verdad la independencia, ni intentaron retener el poder el 27 de octubre. Vamos que no hubo nada de nada.
Un argumento sorprendente porque el hecho mismo de que el Senado tuviera que aprobar el 155 para restablecer el orden constitucional, y el rey Felipe VI, Jefe del Estado, tuviera que salir a la palestra desautorizándolos, ya es en sí mismo indicativo de que las autoridades de la Generalitat se negaban a deponer su actitud.
Su fracaso político no les exime en absoluto de responsabilidad penal, que el tribunal dilucidará en base al grado de participación de cada uno de ellos.
(Extracto. Adaptación libre)
Imágenes: El Periodico|Ok Diario|BBC