Los detractores de la sentencia se han creído legitimados para interrumpir la vida normal ciudadana, dañar la actividad económica y alterar la convivencia.
Sin permiso de nadie han ocupado calles y plazas, cortado carreteras y vías de tren, tomado el aeropuerto de Barcelona, interrumpido las clases en institutos y universidades, etc., ignorando a la mitad de la población de Cataluña que no piensa como ellos.
Un vandalismo que ha contado con la connivencia del gobierno autonómico. En el mundo educativo, por ejemplo, ha sido evidente la complicidad de los responsables académicos que forman parte del cártel secesionista que monopoliza las instituciones de Catalunya, conforme al plan diseñado por el pujolismo para controlar a la sociedad civil.
Mención especial merece la violencia desatada en las principales ciudades catalanas por parte de unos jóvenes radicales, muchos de ellos menores de edad, que desde el primer día han sido educados en el odio a España.
Pero en lugar de apoyar a los Mossos y Policía Nacional los dirigentes políticos han cuestionado su labor, cebándose en fallos puntuales, cuando la actuación de las fuerzas de seguridad si por algo se ha caracterizado, ha sido por su gran mesura con unas protestas claramente ilegales, a pesar del grave peligro que comportaban para su integridad física.
La manifestación de Societat Civil Catalana, apoyada por otras muchas entidades y partidos constitucionalistas, y que reunió el domingo 27 de octubre a más de 400.000 personas, ha sido un grito de indignación y hartazgo ante la violación sistemática de los derechos de todos y el desprecio absoluto del Estado de derecho desde que comenzó el procés.
Porque si en algún lugar de España la democracia está en peligro, es en Catalunya.
(Extracto. Adaptación libre)
Imágenes: el español.com|telemadrid|ABC
