La entrada indiscriminada de inmigrantes ilegales constituye un fenómeno en auge, persistente, y que reviste la máxima gravedad. No hablamos de refugiados que buscan asilo por ver en peligro sus vidas, sino de un monstruoso tráfico de seres humanos, controlado por mafias y favorecido por gobiernos. Una auténtica tragedia humana que todos los años se cobra nuevas víctimas.
Un proceso que viene de lejos, pero que cada día se agrava más. Hace tiempo que la deslocalización de empresas hizo que los empleos industriales de Occidente volaran a China, convirtiéndola en la fábrica del mundo, y ahora la invasión emigrante a domicilio completa el panorama de destrucción social. El tercer mundo ha venido al primero para quedarse.
Las consecuencias de semejante invasión no han tardado en manifestarse, y van desde el desplome de los salarios, hasta el aumento de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, en vez de reforzar las fronteras, se regatean los medios para ello, igual que no se comprueba la edad de los “menas” (menores no acompañados), pese a costarnos entre 4.000 y 6.000 euros al mes por cabeza hasta que alcanzan la mayoría de edad, o que tan sólo se ejecutan una mínima parte de las órdenes de expulsión que se dictan. Cosas que no suceden por casualidad y que forman parte del mismo paquete.
España es uno
de los pocos países, si no el único, que practica la discriminación positiva a la inversa, es decir contra sus propios nacionales, proporcionando más ayudas a las personas de fuera que a las de dentro. Que a generosos, caritativos y humanitarios no nos gana nadie. Tanto, que para que los inmigrantes se sientan más a gusto, estamos dispuestos a cambiar de religión, de menús escolares, de festividades, de costumbres, a cubrir a las mujeres con tela de la cabeza a los pies, y a adaptarnos lo que haga falta para no ofender sensibilidades ajenas. Faltaría más.
No importa que vengan sin contrato de trabajo, formación, oficio ni beneficio, porque han venido a pagarnos las pensiones… aunque no antes de los 70 años por supuesto. Y en justa correspondencia vamos a regularizarlos en masa, reconvirtiéndolos en españoles de pleno derecho de la noche a la mañana, aunque hayan destruido sus papeles para ocultar su identidad y país de origen, hayan cometido delitos, o lleven cuatro días falsamente empadronados en un piso patera. Minucias.
Por dar facilidades que no quede. Estamos que lo tiramos, que aquí hay sitio para todos. Del efecto llamada hemos pasado al efecto reclutamiento. Nuestras puertas están abiertas de par en par para el mundo y, en prueba de nuestra buena voluntad, nos hemos inventado las nacionalizaciones exprés, de nietos, biznietos y tataranietos descendientes de españoles, para que todo quede en casa. A ver quién da más… votos.
Ambas regularizaciones aprobadas por el gobierno, pretenden colarnos por la puerta de atrás, por vía de los hechos consumados, algo que nunca se debió permitir, y que constituye un trágala en toda regla. Y lo que mal empieza, difícil es que termine bien.
Porque, cuando las culturas son incompatibles entre sí, se crean situaciones conflictivas, bolsas de marginación, y ghetos que hacen imposible no ya la integración, sino la mera convivencia. Barrios en los que no se puede entrar, y donde rigen normas civilizatorias diferentes a las nuestras. Estamos asistiendo a la desaparición silenciosa de nuestros valores y al borrado forzoso de nuestras raíces e identidad.
No cabe la menor duda que en un país con una tasa tan elevada de paro como el nuestro la llegada masiva de gente de fuera representa la solución ideal para ese problema. Una genialidad que presenta además la ventaja añadida, de que los recién llegados copan los empleos de baja remuneración que los españoles no pueden permitirse porque no les dan para vivir, y que si no existieran los inmigrantes, tendrían que pagarse mejor. Negocio redondo.
La inmigración ilegal constituye el anticonceptivo perfecto que ha hecho caer la tasa de natalidad de España a niveles nunca antes conocidos. El hundimiento de los salarios impide a los jóvenes españoles no ya comprar una vivienda, sino alquilar algo que sea más grande que una habitación, impidiéndoles irse de casa de sus padres, independizarse, o desarrollar un proyecto de vida. Cada vez son más los que tienen que marcharse al extranjero en dirección contraria a las pateras. Y es que el futuro que a unos se les regala, a otros se les arrebata.
Al mismo tiempo la inmigración ilegal ha supuesto el golpe de gracia para una sanidad pública que ya se hallaba bajo mínimos, con servicios colapsados y listas de espera de años, y para una educación pública insuficientemente financiada que no tiene ni para satisfacer las necesidades mínimas. Echarles más carga es la mejor forma de cargárselas.
Pese a ello, aún quedan muchos ciudadanos que aceptan que se regale la nacionalidad a los inmigrantes ilegales, para que no les acusen de discriminarlos, ni les tachen de «racistas», “fachas” y «xenófobos”, como si España pudiera atender a todos los habitantes del planeta que carecen de lo más elemental para vivir, o no disponen de atención sanitaria en su país.
Evidentemente se trata de un planteamiento insostenible. Ninguna nación puede absorber un incremento tan brutal de población, sin experimentar una crisis de vivienda, erosionar los servicios públicos, empeorar la seguridad ciudadana y hacer un roto a las finanzas del estado.
Aunque se manipulen las cifras y se intente maquillar las estadísticas, los datos están ahí y demuestran que la mayoría de los delitos graves: violaciones, robos y agresiones violentas los cometen inmigrantes, en un porcentaje notablemente superior al de los españoles: 14,6 condenados por cada 1.000 habitantes, frente a 5,8 respectivamente. En el País Vasco el 47% de los delitos son cometidos por extranjeros a pesar de que su población no alcanza el 10%.
Está claro que alguien tiene que pagar la fiesta de la inmigración ilegal, y los jóvenes españoles llevan todos los números.
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Datos: Chat GPT; Estudio del Real Instituto Elcano, Inmigracion y Mercado de Trabajo en España: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/inmigracion-y-mercado-de-trabajo-en-espana/