La vivienda ha sido siempre objeto de negocio en la sociedad capitalista, y aunque eso no ha cambiado, cada vez se hacen más evidentes sus devastadores efectos para la sociedad del que los desahucios constituyen su cara más amarga.
La dictadura franquista fue un período atípico en nuestro país, el primero y único en el que la vivienda cumplió, al menos en parte, la función social a que estaba destinada, permitiendo a los trabajadores acceder a la propiedad de su hogar para crear una clase media.
Tendencia que posteriormente se ha invertido. Si en 2011 el 82 % de los españoles eran dueños de sus viviendas, en 2024 ya solo lo eran el 70,6%. Un desplome que se acentúa día a día, y que en una sociedad más rica como la nuestra, supone un agravio comparativo.[1]
Disponer hoy día en España de un techo para cobijarse se ha convertido en un lujo imposible para las nuevas generaciones, que se ven obligadas a pagar por alquilar una habitación lo que antes tenían que pagar por la hipoteca para comprar una casa. La diferencia es abismal.
En
la etapa democrática (desde 1981 a 2022), se han construido tan sólo 2,4 millones de viviendas protegidas, frente a los más de 4 millones de la época anterior, con el agravante de que, en los últimos 7 años, la población española ha aumentado en más de 3 millones de personas sin que el parque inmobiliario haya evolucionado en consonancia, lo que ha generado un déficit de 900.000 viviendas.[2]
Fue durante la presidencia de Felipe González cuando se creó la primera burbuja inmobiliaria. España se convirtió entonces en el país del pelotazo en el que cualquier socialista se podía hacer millonario de la noche a la mañana. Y para redondear la faena, su ministro de economía, Boyer, liberalizó el mercado del alquiler en 1985, terminando con los contratos indefinidos.
Aznar, su sucesor, continuó por la misma senda, liberalizando el suelo para que los constructores cedieran a los ayuntamientos el 10% de los solares, en vez del 15% que era el tipo vigente hasta ese momento. Lo hizo, declaró, para bajar el precio de la vivienda, consiguiendo que los empresarios se forraran aún más.
Con esa inestimable ayuda institucional y el crédito lloviendo a raudales, llegó el desmadre inmobiliario. En pocos años España llegó a construir más casas que los mayores países de su entorno, hasta que la fiesta del ladrillo terminó abruptamente en 2008 con el estallido de la burbuja hipotecaria. Los bancos pusieron morados de desahuciar a los pequeños propietarios que nadie rescató, preludio del drama que se avecinaba.
Porque ha sido durante el mandato de Pedro Sánchez, cuando la crisis de la vivienda ha tocado fondo y estallado con toda su crudeza: el 85% de los jóvenes menores de 30 años no pueden irse de casa de sus padres, el alquiler por habitaciones se ha generalizado, los centros de las grandes ciudades se han transformado en alojamientos turísticos expulsando a sus habitantes, el precio de la vivienda se ha disparado, etc.
Cuando Sánchez llegó a la Moncloa prometió construir 180.000 viviendas, de las cuales ninguna ha visto la luz, y en vez de eso ha hecho todo lo contrario: vender edificios públicos por valor de 220 millones de euros al Grupo Lar de Blackrock, y renunciar en 2026 a 3.000 millones de fondos Next Gen para construir viviendas sociales, alegando falta de demanda.[3]
Aunque durante sus 8 años de gobierno se han producido en España 272.000 desahucios, el presidente no ha vacilado en erigirse en defensor a ultranza de los inquilinos para intentar arañar un puñado de votos. Desgraciadamente sus famosos decretos de quita y pon, que son tan malos para los propietarios como para los inquilinos, solo sirven para enfrentarlos entre sí, sembrar desconfianza y envenenar la relación.
Aunque las okupaciones forman ya parte del paisaje urbano ordinario –pese a ser un fenómeno desconocido por otras latitudes–, lo que no podíamos imaginar es que se iba a promover y dar carta de naturaleza oficial también a la inquiokupación, por la prohibición de desahuciar a los inquilinos que no pagan.
A la demora de los juzgados, se le agrega ahora el escollo de la vulnerabilidad. Etiqueta que comprende a menores, ancianos, discapacitados, y personas de escasos recursos, que constituyen el grueso de los inquilinos. Sin duda un colectivo necesitado de una robusta protección, dada su precaria situación. Pero una obligación de la que no se quiere hacer cargo el Estado, y que endosa a modo de solidaridad forzada, a unos particulares, que no son ONGs, organizaciones de beneficencia, ni hermanas de la caridad, sino caseros.
¿Por qué incumple su deber de modo tan flagrante?
Porque si hay dinero para atender a los emigrantes, también tiene que haberlo para los españoles. Por desgracia nuestras autoridades demuestran tener tanta preocupación por sus compatriotas más necesitados, como por los “sin techo”, que tampoco deben parecerles lo suficientemente vulnerables viviendo a la intemperie. O quizá sea que estén aguardando a encontrarles un casero.
Como se puede observar es contra los pequeños propietarios contra quienes se arremete a todas horas, con cualquier excusa, utilizándolos como chivos expiatorios, y tachándolos de rentistas, cuando las viviendas que tienen, que son los ahorros de toda una vida, las han conseguido a base de trabajo, de sudor y de esfuerzo, y no de especulación… ¿y acaso no hacen mejor alquilándolas que dejándolas paradas?, ¿entonces dónde está el problema?
Con la nueva legislación quiene
s pretendan alquilar una vivienda, se van a topar a partir de ahora con un sinfin de inconvenientes. De entrada, va a haber menos viviendas, porque muchas se retirarán del mercado y se dejarán vacías, o se venderán. Solo podrán conseguir alguna los que tengan buena nómina, empleo fijo, y reúnan las condiciones para contratar un seguro de impago. Es decir cuatro. Los demás, a silbar a la vía. Los vulnerables no digamos. Mayor protección que dejarlos sin casa para que no puedan echarlos, no cabe.
Los parches no funcionan. Para resolver de verdad este tema las medidas que habría que adoptar serían muy distintas y pasarían por:
- Hacerse cargo el Estado del pago de la renta de los inquilinos vulnerables a través de un seguro público de impago para evitar el desahucio, o proporcionándoles una alternativa habitacional en caso de producirse.
- Favorecer fiscalmente los arrendamientos de vivienda habitual, penalizando a los que superen los precios máximos establecidos para cada zona.
- Eliminar las deducciones fiscales para grandes tenedores (más de 10 viviendas en alquiler).
- Prohibir los pisos turísticos en los centros de las grandes ciudades y zonas tensionadas.
- Controlar los alquileres de temporada que tendrán que estar justificados.
- No permitir que el alquiler de habitaciones represente más del 20% del total del piso, obligando a su integración en la LAU.
- Reservar al Estado el 10% de las viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social.
- Transformar por ley en viviendas públicas de alquiler los inmuebles de organismos públicos que queden libres, en vez de venderlos a fondos buitre como se viene haciendo (en Europa el 9,7 % del parque es de vivienda pública, mientras que en España apenas alcanza el 1,3%) [4].
- Otorgar ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler.
- Eximir de impuestos a los compradores de primera vivienda de menos de 45 años, facilitándoles financiación blanda.
- Aplicar una fiscalidad más alta a quienes poseyendo 5 viviendas, pretendan adquirir más.
- Restringir la compraventa de viviendas por parte de extranjeros a zonas vacacionales y de recreo.
- Simplificar y agilizar los trámites, licencias y permisos necesarios para edificar.
Una batería de medidas de choque, fáciles de introducir, que solo requieren voluntad política. Y uno se pregunta, si son de puro sentido común, ¿por qué no se aplican? Y la respuesta es igual de sencilla: porque en una sociedad capitalista el negocio es antes que las personas. Y la vivienda constituye un bien muy goloso y apetecible, ideal para extorsionar a la gente. Sabido es que mal de muchos, consuelo de pocos.
Quizá por eso aquí no se privan de lucrarse con la vivienda todos los que pueden hacerlo: poderes públicos, portavoces del PSOE, y promotores privados. Solo así se entiende que la Administración prefiera subastar al mejor postor los terrenos que posee, que aprovecharlos para crear un parque de vivienda pública y moderar los precios.
Ha bastado que entráramos en campaña electoral para que los sindicatos, tan mansos ellos, que no han alzado la voz en todo este tiempo, hayan corrido despavoridos a convocar una “huelga general contra la oposición”, poniendo de manifiesto que donde no llega el ejecutivo, llegan ellos.
Son muchas las voces que intentan vendernos la idea de que no hay más solución que construir, construir y construir. Pero si a los españoles no les alcanza siquiera para alquilar una vivienda, ¿cómo van a comprarla, si desde 2015 sus salarios han subido un ínfimo 28%, mientras que la vivienda se ha encarecido un 80%, y alquilarla se ha disparado hasta el 87%?
Habrá que hacer algo antes. No todo es culpa de los altos precios de la vivienda. Desde que se ha impuesto la precariedad laboral los beneficios empresariales se han disparado en la misma medida que las nóminas se han desplomado. Frente a la gigantesca pérdida de poder adquisitivo de los salarios, los beneficios y márgenes de ganancia empresariales han alcanzado niveles de récord. En ningún otro país de nuestro entorno la caída ha sido tan acusada, como podemos observar en el siguiente gráfico:
Estamos asistiendo a una voladura programada y un empobrecimiento progresivo de la clase media, del que la vivienda constituye una prueba objetiva, pero que se podría hacer extensivo igualmente a la sanidad, la educación, o las pensiones, que sufren el mismo proceso de corrosión.
Tendencia imparable que se viene gestando a la chita callando, pero que el revuelo mediático y la utilización política del caso Mari Carmen han traído a primer plano.
El último capítulo de una larga andadura que inició Felipe González privatizando las empresas públicas con el pretexto de que sería bueno para el consumidor abrirlas a la competencia, y que se tradujo en peores servicios y más caros, y que muchas terminaran en manos extranjeras. Un pésimo negocio para los ciudadanos, pero excelente para sus amos y los amiguetes del poder que se las quedaron a precio de ganga.
Y el mismo fenómeno se ha repetido con la vivienda. En 2012 cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid, vendió al fondo buitre Fidere 1.850 viviendas públicas a 14.000 euros que luego éste revendió a 630.000 €.[5]
Privatiza que algo queda, ese podría ser el resumen.
Una bonita forma de robar legalmente.
Entre 2008 y 2025 los grandes tenedores han pasado de poseer 138.000 inmuebles a tener 626.000. Hay una corriente subterránea en marcha para ir traspasando, poco a poco y sin que se note, el parque inmobiliario en poder de los pequeños propietarios a los grandes tenedores, para lo cual hay que hacerles la vida imposible, demonizándolos (rentistas), favoreciendo las okupaciones e inkiocupaciones, consintiendo que sus inquilinos no les paguen, se dejen los grifos abiertos, o les destrocen los pisos, sin que puedan hacer nada para evitarlo. Prácticas agresivas que desquician y aborrecen a los pequeños propietarios, pero que no afectan a los fondos buitres que cuentan con medios de sobra para salir airosos.
El gobierno sabe perfectamente que sus medidas van a ocasionar una estampida de viviendas para alquilar. Pero no le importa. Lo tiene previsto, y ya ha preparado el siguiente movimiento: penalizar los inmuebles vacíos, elevándoles los impuestos para asfixiarlos… ¿y cómo se defenderán los pequeños?… Pues vendiendo sus pisos… ¿y a quién?… A los grandes tenedores naturalmente, que esperan con los brazos abiertos a que caigan en ellos como fruta madura.
En 
ese momento la operación desahucio de los pequeños propietarios habrá sido un rotundo éxito. El parque inmobiliario, ese apetitoso botín, al que se le puede sacar mucha más rentabilidad que ahora, habrá cambiado de dueños, quedando en manos de los grandes inversores que manejarán el mercado a su antojo.
Así es el funcionamiento económico normal, que no tiene porque sorprender a nadie, porque el dinero lo arrolla todo: moral, humanidad y decencia.
Y desde el momento en que los fondos internacionales se han hecho dueños hasta de los clubs de fútbol, desplazando a los socios y aficionados, los pequeños propietarios, mal llamados rentistas, no van a ser la piedra en el zapato que les estropee el suculento negocio de la vivienda.
Imágenes: RTV.es/ Huffingtonpost/ Ok Diario/ Mundo Obrero/ Instagram/ MInisterio de Sanidad/ Montero de Cisneros/ El Mundo/ Megabolsa/ Ministerio de Derechos Sociales
Referencias
[1] Encuesta Financiera de las Familias (EFF), estudio estadístico del Banco de España
[2] Observatorio de Vivienda y Suelo
[3] BOE, https://okdiario.com/economia/vivienda/gobierno-sanchez-vendido-lar-blackrock-grandes-inmobiliarias-edificios-publicos-mas-220-millones-desde-2018-20414896
[4]https://www.mivau.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriodeviviendaysueloboletnespecialviviendasocial2024_0.pdf
[5] https://rebelion.org/los-desahucios-son-el-sintoma-el-sistema-esta-podrido/ Augusto Zamora