El «procesismo» constituye un invento de la oligarquía catalana de siempre, para preservar su hegemonía de clase y sus privilegios económicos, echando un pulso al Estado.
Los gobiernos de la Generalitat han impuesto desde 1980 un régimen de persecución de lo no catalán con una violencia diaria, solapada y continua, aunque no utilicen las armas.
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